Falta de respuestas y una sentencia favorable
En un episodio que deja un sabor amargo en la boca de los ciudadanos, la Municipalidad ha mostrado su rostro desinteresado en la participación ciudadana.
Desde julio de 2023, un pedido de información ha sido ignorado sistemáticamente, obligando a recurrir a medidas extremas como el amparo legal. La sentencia reciente, dictada a favor de los ciudadanos, evidencia la negligencia de la Municipalidad en los tiempos de respuesta.
Estos hechos comienzan con una exigencia simple: el cumplimiento de leyes nacionales, provinciales y la misma Carta Orgánica Municipal (COM en adelante). Pasos fundamentales en vistas a cuidar el ambiente y la salud pública de manera activa y como deber ciudadano.
Uno de los temas consultados hacia el Municipio fue la falta de una efectiva convocatoria del Consejo Ambiental, el cual es creado por la COM en su artículo 184, “para garantizar la participación ciudadana y en carácter de espacio institucional de representación comunitaria” el cual tiene como funciones específicas (Art. 185 COM) “El asesoramiento y consulta en todos los aspectos de planificación y medio ambiente, y para la redacción del Código Ambiental Urbano Rural. (…) Proponer proyectos de normativas en materia ambiental, territorial y urbanística.” e incluso proponer modificaciones del Código Ambiental Municipal, entre otras facultades. Qué curioso que no sea convocado. La respuesta fue la siguiente:
– el Concejo Deliberante designó entidades que cumplen los requisitos para integrar el organismo (conf art. 184 COM) y el Intendente dictó la Res. 53/2023 para ejecutar su conformación. No hay más actos administrativos con aptitud para la “efectiva conformación y funcionamiento del Consejo Ambiental”. –Asesoría Legal de El Bolsón – 8/03/2024
La conformación de dicho organismo forma parte del efectivo funcionamiento democratico del Municipio, el cual tras un intento de convocatoria, en noviembre del 2023, fue cancelado abruptamente, según publicaron en sus redes sociales, “debido a una movilización” precisamente motivada por asuntos ambientales y “hasta nuevo aviso”. Un doble intento de coartar la voz ciudadana del cual surgen consecuencias como la inexistencia de un Plan Ambiental Anual o la promulgación de ordenanzas inconsultas.
En un tira y afloja legal, la asesoría de la municipalidad ha dejado por escrito su desdén al responder vagamente a nuestras preguntas. El pedido de información trata sobre las políticas ambientales actuales y audiencias públicas respecto a la ordenanza que modifica permisos sobre el uso del suelo, crea nuevas zonas urbanas y peri-urbanas (Ord.189/2022) ¿Nos vemos representados por nuestros representantes?
Sin embargo, la respuesta de la Municipalidad, 8 meses después, deja aún más preguntas que respuestas. ¿Cómo es posible que el Catastro municipal todavía no haya proporcionado la información solicitada? La excusa refleja la incompetencia administrativa, dejando a los ciudadanos en la ignorancia sobre temas cruciales como los criterios de zonificación y su solapamiento con el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (Ley Nacional 26.331 y Provincial 4.552).
– En relación a la segunda parte del requerimiento informo a VS que se solicitó al área de catastro si tenía en su base de datos la superposición de la zonificación conf. Ord. 189/2022 con el ordenamiento territorial de los bosques nativos del anexo I de la ley N° 4552 pero hasta la fecha de esta presentación no fue remitido a Asesoría Legal –Asesoría Legal de El Bolsón – 8/03/2024
Como nunca antes, hoy, la producción, distribución, publicación, y acceso a la información es fácilmente realizable por todos nosotros. Lo que se dice, así como lo que se omite, rara vez es un asunto de disponibilidad, sino de voluntad, y el acceso a la información es fundamental para la participación ciudadana.
¿Tenemos realmente habilitada una vía para ser parte del “Municipio Activo”? ¿Vamos a tener que seguir acudiendo a la vía judicial para acceder a los actos u omisiones de la municipalidad?
Esta vía judicial fue acompañada por el equipo de asesoría legal ambiental gratuita de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) la cual trabaja desde 1985 apuntando a la construcción colectiva de una ciudadanía democrática y participativa, con políticas públicas a favor del desarrollo sostenible. Para que lo ambiental sea política de Estado.